Contexto y entidad emisora

El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con los Ministerios de Justicia y del Derecho y Hacienda y Crédito Público, buscaría adicionar el Capítulo 5 al Título 6 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, así como el Capítulo 19 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, y un parágrafo al Decreto 1068 de 2015. Estas disposiciones complementarían el marco normativo vigente para el saneamiento de predios y mejoras rurales adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras para fines de interés social y utilidad pública.

Tema principal y propósito

El proyecto tendría como propósito principal establecer condiciones claras para la aplicación del saneamiento automático de los predios y mejoras rurales que la Agencia Nacional de Tierras adquiera mediante negociación directa o reciba en transferencia, conforme a los fines establecidos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 61 de la Ley 2294 de 2023. Este mecanismo buscaría garantizar la titularidad y tradición jurídica de los inmuebles, facilitando su destinación para la reforma agraria y la distribución equitativa de la tierra, especialmente beneficiando a mujeres y jóvenes rurales.

Modificaciones y nuevas regulaciones

Entre las medidas propuestas, el proyecto establecería que la adquisición o transferencia de predios produciría el saneamiento de vicios relativos a la titulación y la tradición, incluso respecto de aquellos que se manifiesten con posterioridad a la transferencia, sin afectar las acciones judiciales o indemnizatorias que procedan según la ley. La Agencia Nacional de Tierras asumiría la posesión inmediata de los predios y se encargaría del saneamiento material, físico-catastral y la actualización catastral necesaria, con cargo a sus apropiaciones presupuestales. Asimismo, se excluirían del saneamiento ciertas medidas cautelares y limitaciones, como aquellas relacionadas con procesos de Justicia y Paz, solicitudes de restitución de tierras, afectaciones ambientales y restricciones sobre bienes de interés cultural. En materia registral, se propondría que la Agencia Nacional de Tierras invocaría el saneamiento en el acto administrativo o escritura pública de adquisición, disponiendo la cancelación o liberación parcial de las limitaciones, gravámenes o medidas cautelares inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria que no estén excluidas. La Superintendencia de Notariado y Registro crearía un código registral especial para predios declarados de utilidad pública con fines de reforma agraria.

Acciones y disposiciones específicas

El proyecto contemplaría que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), pagaría las obligaciones fiscales necesarias para la escrituración y registro de los actos de transferencia de dominio de bienes inmuebles en proceso de adquisición onerosa por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Además, se establecería un régimen de transición que excluiría la aplicación de las nuevas disposiciones a actuaciones administrativas y registrales ya ejecutoriadas.

Participación de actores clave

La implementación y supervisión de las medidas previstas en el proyecto implicarían la participación conjunta de la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales, la Superintendencia de Notariado y Registro, y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho, y Hacienda y Crédito Público.

Información adicional y participación ciudadana

El contenido del proyecto, junto con su memoria justificativa, habría sido publicado en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y normas sobre técnica normativa. Las observaciones recibidas durante este proceso habrían sido atendidas en el informe respectivo. En caso de estar abierto el periodo para comentarios, se recomendaría a la ciudadanía consultar la página oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para información sobre plazos y mecanismos de participación. Este proyecto de decreto aún no estaría vigente y requeriría su aprobación y publicación oficial para entrar en vigor. Su implementación busca fortalecer la seguridad jurídica sobre los predios rurales destinados a la reforma agraria, promoviendo una distribución más justa de la tierra en el país y apoyando la inclusión de grupos vulnerables en el acceso a la tierra.