Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito unificar los criterios de focalización que rigen la oferta institucional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, modificando el numeral 23 y adicionando los numerales 24 y 25 al artículo 1.1.3, así como modificando el artículo 2.1.1 de la Resolución 02551 de 2025. Además, se adiciona un capítulo específico para los criterios generales de los programas y proyectos de la Subdirección General de Inclusión Productiva para la Paz. El objetivo principal es precisar las definiciones de las formas asociativas como sujetos de atención, fortalecer los criterios transversales de elegibilidad y establecer lineamientos claros para la inclusión productiva en contextos de paz.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto modifica y amplía las definiciones relacionadas con las unidades productivas. Se introduce una distinción clara entre la
unidad productiva individual o familiar y la
unidad productiva asociativa perteneciente a las economías popular, solidaria o comunitaria. Asimismo, se incluye una nueva categoría para las unidades productivas en proceso de constitución o formalización, facilitando así su reconocimiento y acceso a los programas de la entidad.
En materia de elegibilidad, se establecen criterios transversales obligatorios para sujetos individuales y para unidades productivas asociativas, con requisitos específicos como la acreditación legal, el tiempo de constitución y el número mínimo de integrantes. También se habilita la focalización y entrega autónoma de beneficios a adolescentes menores adultos (de 14 a 17 años) que conformen unidades de intervención exclusivas, bajo condiciones estrictas que garantizan la protección reforzada de sus derechos.
Acciones y regulaciones específicas
El proyecto establece criterios detallados de elegibilidad, priorización, no elegibilidad, vinculación, retiro y salida para los participantes de las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias de la entidad. Entre ellos destacan:
- La obligatoriedad de cumplir con criterios de residencia, identidad, pertenencia a grupos vulnerables, inscripción en registros oficiales como el Sisbén y el Registro Único de Víctimas (RUV), entre otros.
- La disposición de instrumentos complementarios de validación para verificar y actualizar la información de los participantes en territorio.
- El establecimiento de causales claras para el retiro de participantes, garantizando el debido proceso y la notificación adecuada.
- La formalización de la vinculación a través de mecanismos técnicos, incluyendo la suscripción de un Acta de Compromiso que establece derechos y obligaciones.
- La regulación especial para población étnica y comunidades indígenas, incluyendo la participación de autoridades territoriales para la presentación y validación de potenciales beneficiarios.
Impacto y alcance potencial
La unificación de criterios busca evitar la fragmentación operativa y el trato desigual entre beneficiarios de programas históricos y aquellos incorporados por nuevas competencias del Departamento. Se prevé que esta normativa fortalezca la coherencia institucional y el rigor técnico en la focalización, contribuyendo a una asignación más eficiente y justa del gasto público social.
Además, al reconocer expresamente a las unidades productivas asociativas de las economías popular, solidaria y comunitaria, incluidas las que están en proceso de constitución, se promueve la inclusión económica y social de sectores tradicionalmente vulnerables. La regulación también facilita la atención autónoma de adolescentes menores adultos, alineándose con principios constitucionales y de derechos humanos.
Participación de actores clave
El proceso de elaboración del proyecto incluyó la publicación en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y en la página web oficial de la entidad, permitiendo la recepción de observaciones y sugerencias de la ciudadanía y grupos de interés. Asimismo, la coordinación con autoridades étnicas y la articulación con otras entidades gubernamentales garantizan una implementación inclusiva y adecuada a los contextos territoriales.
