La CREG aclaró que el informe de restricciones elaborado por la UPME debe ajustarse a los lineamientos establecidos en el mecanismo de subasta correspondiente y contener las restricciones eléctricas asociadas al proyecto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este informe es el referente técnico para la formulación y evaluación de la obra propuesta para eliminar dichas restricciones.

Comentarios y ajustes en las propuestas

Respecto a los comentarios que el responsable de la asignación puede emitir sobre las obras propuestas, la CREG indicó que estos deben estar orientados a que el interesado ajuste su propuesta para garantizar la eliminación de las restricciones identificadas. Además, se recordó que la Resolución UPME 358 de 2026 establece el procedimiento para estas iteraciones entre el responsable de la asignación y el interesado.

Limitaciones en la modificación de informes

La respuesta también señala que la Resolución CREG 101 094 de 2025 no contempla la facultad para modificar, ajustar o revisar posteriormente los informes de restricciones una vez emitidos. Cada subasta establecerá las condiciones particulares aplicables a estos informes, y cualquier actuación de la UPME debe sujetarse a dichas disposiciones.

Evaluación de las obras requeridas

En cuanto a la evaluación de la obra requerida, definida como el proyecto necesario para eliminar las restricciones eléctricas sin incluir activos de conexión, la CREG explicó que esta se realiza sobre la obra identificada en el concepto de conexión asignado, tomando en cuenta la relación beneficio-costo para determinar la remuneración correspondiente. Estas aclaraciones buscan ofrecer certeza jurídica a los interesados en proyectos con obligaciones de energía firme, delimitando el alcance y la estabilidad de los informes de restricciones eléctricas que sirven de base para la asignación de capacidad de transporte y la formulación de obras necesarias para la conexión al SIN. La respuesta tiene alcance general para casos similares y se fundamenta en la regulación vigente y el principio de legalidad consagrado en la Constitución Política. Con estas disposiciones, la CREG busca fomentar un entorno regulatorio claro y predecible que facilite el desarrollo eficiente de proyectos energéticos, garantizando así la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.