Contexto y tribunal que profiere la decisión

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en segunda instancia, con ponencia del magistrado ponente. La decisión revoca un auto del Tribunal Administrativo de Antioquia, que en primera instancia negó la práctica de una prueba pericial en un proceso de controversia contractual.

Antecedentes fácticos y procesales

El Instituto de Deportes de Antioquia presentó demanda contra la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y otras entidades, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, por el presunto incumplimiento del contrato interadministrativo número 265 de 2019. Dicho contrato tenía por objeto la construcción de un parque de deportes a motor en Antioquia, con un valor inicial cercano a 90 mil millones de pesos, que aumentó tras varias adiciones. Según el informe final de interventoría, la demandada no concluyó la totalidad de las obras, destinó recursos a actividades no contempladas en el contrato y no cumplió con las normativas ambientales. Tras diversas mesas de trabajo, se suscribió un acta de liquidación bilateral que estableció un valor a reintegrar a la entidad demandante, monto que no ha sido pagado. En el curso del proceso, la parte demandante solicitó la designación de un perito de la Facultad de Ingeniería de una universidad nacional para que realizara un dictamen pericial sobre el porcentaje de ejecución física de las obras contratadas. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto de enero de 2026, negó esta solicitud argumentando que la demandante no aportó el dictamen en la oportunidad probatoria prevista en el artículo 227...