Contexto y antecedentes del caso

El conflicto surgió a raíz de un proceso administrativo iniciado en mayo de 2025 por la Comisaría de Familia de San Sebastián de Mariquita (Tolima) tras la denuncia de posible abuso sexual contra una menor de edad. Esta autoridad ordenó la apertura del PARD y estableció medidas de protección, incluyendo la ubicación en medio familiar con sus progenitores. Sin embargo, ante el vencimiento del término legal para resolver la situación jurídica de la menor sin emitir fallo, la Comisaría remitió el expediente al Juzgado Promiscuo de Familia de Honda, que asumió el conocimiento del proceso. Posteriormente, el juez de familia declaró la nulidad de lo actuado en el proceso administrativo, reafirmó la vulneración de derechos de la menor y ordenó mantener la medida de protección provisional. Además, remitió el expediente nuevamente a la Comisaría para que subsanara los errores y continuara con el seguimiento y la definición de fondo del caso. Ambas autoridades, sin embargo, rechazaron su competencia para proseguir con el proceso, generando un conflicto negativo de competencias.

Competencia y marco normativo aplicado

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado analizó el caso en ejercicio de su competencia para resolver conflictos de competencias administrativas, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones por la Ley 2080 de 2021. Se examinaron además las disposiciones del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y las reformas introducidas por las Leyes 1878 de 2018 y 1955 de 2019, que regulan el procedimiento de restablecimiento de derechos de niños, niñas y...