Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, analizó un conflicto negativo de competencias surgido entre distintas autoridades disciplinarias relacionadas con un fiscal penal militar adscrito a un juzgado de brigada en el departamento de Boyacá. El origen del conflicto se remite a una queja formulada por una juez de instrucción penal militar, quien denunció la presunta omisión del fiscal en responder un derecho de petición para obtener copias de expedientes penales militares, lo que podría configurar una falta disciplinaria. Diversas procuradurías provinciales y regionales, así como la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y la Coordinación del Ejército Nacional ante dicha Unidad, manifestaron sucesivamente su falta de competencia para adelantar la investigación disciplinaria, remitiendo el asunto entre sí. La situación generó un conflicto negativo de competencias administrativas, que fue remitido al Consejo de Estado para su definición.

Las autoridades involucradas y sus posiciones

- La Procuraduría Provincial de Instrucción local consideró que no tenía competencia por tratarse de un fiscal penal militar, sugiriendo que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa debía intervenir. - La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa negó competencia, argumentando que solo investigan a magistrados y jueces de conocimiento de la Justicia Penal Militar, y remitió el caso a la Procuraduría Regional de Instrucción debido al rango inferior del fiscal militar. - La Procuraduría Regional de Instrucción indicó que la competencia correspondía a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, conforme a la Ley 1765 de 2015, y remitió el...