Contexto y antecedentes del caso

La disputa surgió a raíz de una queja interpuesta ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil en contra de una inspectora de policía de Pinchote (Santander), por presunta omisión en el seguimiento al cumplimiento de una orden de policía relacionada con comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Luego de que la Procuraduría remitiera la queja a la Personería Municipal de Pinchote para que actuara conforme a sus competencias, esta última abrió indagación previa y posteriormente remitió el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander debido a que consideró que la conducta objeto de investigación correspondía al ejercicio de funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial resolvió no avocar el conocimiento de la queja, argumentando que las presuntas irregularidades estaban relacionadas con funciones administrativas propias de la autoridad de policía para la solución de conflictos de convivencia ciudadana. Este rechazo generó un conflicto negativo de competencias que fue remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para su resolución.

Competencia y actuación procesal

La Sala, en ejercicio de la competencia conferida por el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 112 numeral 10 del mismo cuerpo normativo, ambos modificados por la Ley 2080 de 2021, estudió el conflicto. Se constató que la Personería Municipal y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial son autoridades autónomas sin un superior común, por lo que resultaba aplicable la regla general para dirimir conflictos de competencia administrativa. Durante el proceso de fijación de...