Contexto y antecedentes del conflicto

El Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, conoció un conflicto negativo de competencias administrativas surgido entre la Defensoría de Familia del Centro Zonal Suroriente - Regional Antioquia del ICBF y el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, relacionado con la autoridad competente para decidir de fondo en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) de dos menores de edad. El proceso se inició en octubre de 2017 cuando la Defensoría de Familia abrió el PARD tras una solicitud de restablecimiento de derechos en favor de los menores, quienes fueron ubicados en hogares de paso y sustitutos. Durante el desarrollo del proceso, la Defensoría adoptó varias medidas provisionales y realizó seguimiento a las condiciones de los niños, incluyendo la suspensión temporal del trámite debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en 2025 la autoridad administrativa remitió el expediente al juzgado de familia por pérdida de competencia, debido al incumplimiento de los términos legales para definir de fondo la situación jurídica de los menores, que supera los 18 meses establecidos por la Ley 1878 de 2018 y la Ley 1955 de 2019. El Juzgado Cuarto de Familia de Medellín asumió el conocimiento del expediente, declaró la nulidad de las actuaciones previas y dictó una nueva declaratoria de vulneración de derechos, manteniendo las medidas provisionales de protección. No obstante, la Defensoría de Familia rechazó la competencia para decidir de fondo y remitió el expediente nuevamente al juzgado, lo que generó el presente conflicto de competencia administrativa.

Análisis jurídico y fundamento de la decisión

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