Providencia en segunda instancia del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, emitió una sentencia en segunda instancia el 18 de junio de 2026, respecto a una acción de tutela promovida contra una providencia del Tribunal Administrativo que confirmó la caducidad de una demanda de reparación directa por hechos relacionados con desplazamiento forzado.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con una demanda presentada en diciembre de 2016 contra la Nación – Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, para que se reconociera la responsabilidad administrativa estatal por los daños ocasionados a un núcleo familiar víctima de desplazamiento forzado en mayo de 2001. La demanda solicitaba el reconocimiento de perjuicios materiales, morales y daños a la salud. El Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó declaró en diciembre de 2022 la caducidad de la acción, al considerar que la demanda fue interpuesta fuera del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo, que analizó además que no se trataba de un delito de lesa humanidad con régimen especial de caducidad y que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar los hechos ni la responsabilidad estatal. Posteriormente, se interpuso una acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo, alegando vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la igualdad y el debido proceso. La tutela fue admitida por el Consejo de Estado, que ordenó notificar a las partes involucradas.

Consideraciones jurídicas de...