Providencia y competencia

El Consejo de Estado, en segunda instancia y a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, conoció la impugnación contra la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta de la misma corporación. Dicha sentencia había declarado improcedente una acción de tutela promovida contra una providencia judicial del Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue interpuesta por un ciudadano y otros contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, con el propósito de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que según los accionantes fueron vulnerados en una sentencia del 2 de mayo de 2025. Esta providencia confirmó la decisión de primera instancia que negó la reparación directa solicitada contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del accionante. Los hechos relevantes incluyen la formulación de una denuncia penal y la posterior imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva contra el accionante, quien fue absuelto por insuficiencia probatoria. A pesar de ello, el proceso de reparación directa concluyó que no existió responsabilidad del Estado, fundamentando la legalidad y proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad.

Consideraciones de la Sala

La Sección Quinta recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional y subsidiario, procedente únicamente cuando se evidencien vulneraciones claras y desproporcionadas de derechos fundamentales. Se enfatizó que la tutela no puede utilizarse como "tercera instancia" para...