Providencia judicial y contexto procesal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia prevista en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, profirió sentencia de segunda instancia sobre la impugnación presentada contra la decisión de primera instancia que declaró improcedente una acción de tutela. La tutela fue instaurada el 24 de noviembre de 2025 contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de obtener el amparo de derechos fundamentales tales como el debido proceso, la contradicción, la igualdad y el acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por una sentencia que negó la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela cuestionaba la sentencia del 8 de mayo de 2025 dentro de un proceso de reparación directa promovido contra entidades estatales, incluyendo la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. El Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión inicial y negó las pretensiones del demandante, argumentando que la medida de aseguramiento fue adoptada de forma legítima, proporcional y necesaria, con base en material probatorio que indicaba razonablemente la participación del accionante en delitos imputados. Se resaltó que la posterior desvirtuación de la única prueba incriminatoria, consistente en un testimonio falso de una testigo protegida, no invalidaba la legalidad de la medida adoptada inicialmente. En primera instancia, la Sección Tercera - Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional, señalando que la acción pretendía revisar aspectos...