Providencia judicial en segunda instancia del Consejo de Estado

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de marzo de 2026, decidió sobre la impugnación presentada en contra del fallo de tutela que declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por una propiedad horizontal contra el Tribunal Administrativo de Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia. La acción de tutela cuestionaba la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, relacionada con la admisión y trámite de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Antecedentes fácticos y procesales

El conflicto surgió tras la imposición de una sanción administrativa por parte del Ministerio de Trabajo a la propiedad horizontal, sanción que fue notificada mediante medios electrónicos tras un intento fallido de notificación física. La parte demandante cuestionó la validez de esta notificación, lo que originó un proceso judicial para impugnar la resolución sancionatoria. En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia rechazó la demanda por incumplimiento del requisito de procedibilidad, dado que no se agotaron previamente los recursos administrativos de reposición y apelación. Este criterio fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Quindío, que consideró que la notificación se había surtido válidamente, incluso por conducta concluyente, al haberse presentado una solicitud de revocatoria directa ante la entidad sancionadora. Frente a estas decisiones, la parte demandante interpuso acción de tutela alegando vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el debido proceso y el acceso a la justicia, argumentando que la validez de la notificación debía ser analizada de fondo antes de exigir...