Tribunal e instancia

La providencia fue emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en segunda instancia, en un proceso de revisión de una acción de tutela interpuesta contra providencias proferidas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, en calidad de secretaria de un juzgado penal, solicitó tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, acceso a la administración de justicia, igualdad y dignidad humana. Alegó vulneraciones derivadas de decisiones disciplinarias relacionadas con un proceso por presunto acoso laboral. El origen del conflicto radica en la notificación de una providencia del 5 de marzo de 2025, emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que anuló una actuación anterior por incorrecta adecuación típica de la conducta. La accionante sostuvo que dicha providencia no fue notificada a su apoderado judicial, impidiéndole ejercer recursos oportunos. Posteriormente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío profirió un pliego de cargos y negó la nulidad solicitada por la accionante, argumentando extemporaneidad en la presentación de descargos. La acción de tutela fue inicialmente declarada improcedente por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 15 de abril de 2026, decisión que fue impugnada por la parte accionante.

Consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado analizó los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, recordando que esta es excepcional y subsidiaria. Citando jurisprudencia constitucional, estableció que para admitir la tutela debe existir vulneración grave y directa de derechos fundamentales, agotamiento de recursos judiciales...