Contexto y tribunal que profiere la decisión

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en Bogotá, dictó la sentencia de segunda instancia que confirmó la improcedencia de la acción de tutela presentada contra una providencia judicial emitida por la Sección Segunda, Subsección B del mismo Consejo. El proceso se originó en una demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de un empresario durante un proceso penal por lavado de activos.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso tiene su origen en una investigación penal iniciada en 2005 por la Fiscalía General de la Nación contra un empresario vinculado a actividades de industrialización y arbitraje de moneda. Fue capturado en 2008 y privado de la libertad mediante medida de aseguramiento. En 2012, un juzgado penal dictó sentencia absolutoria, confirmada posteriormente en segunda instancia. Posteriormente, el empresario interpuso demanda de reparación directa contra la Fiscalía, buscando el reconocimiento de perjuicios morales y materiales derivados de la privación injusta de la libertad entre 2008 y 2011. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones, reconociendo daños morales, emergentes y lucro cesante, pero negó otras indemnizaciones solicitadas. Ambas partes apelaron. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia de julio de 2025, modificó parcialmente la cuantía de los perjuicios reconocidos y revocó la indemnización por daño al buen nombre, sustituyéndola por disculpas públicas. Limitó la responsabilidad de la Fiscalía al periodo durante el cual estuvo a cargo de la medida de aseguramiento, excluyendo la etapa posterior...