Contexto y competencia

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció en primera instancia una acción de tutela interpuesta contra un auto proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del mismo tribunal. La acción fue presentada para proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados, específicamente el derecho al debido proceso y a la igualdad, en relación con el rechazo de una solicitud de extensión de jurisprudencia.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, vinculada a la Rama Judicial como juez de circuito, solicitó inicialmente la extensión de los efectos de una sentencia de unificación relacionada con el reconocimiento de una prima especial prevista en la Ley 4 de 1992. La solicitud fue negada en distintas instancias administrativas y judiciales. Posteriormente, se interpuso la petición ante la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que resolviera la extensión de la jurisprudencia, pero el auto del 7 de noviembre de 2025 rechazó la solicitud de plano. El fundamento principal para el rechazo fue que la sentencia cuya extensión se solicitaba no cumplía con los requisitos legales para ser considerada una sentencia de unificación vinculante, debido a irregularidades en la integración del tribunal que la profirió. Frente a esta decisión, la accionante promovió la acción de tutela argumentando vulneración de derechos fundamentales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales está condicionada al cumplimiento de requisitos generales, entre ellos la legitimación, inmediatez, relevancia constitucional, identificación clara de los hechos vulneradores, y especialmente la subsidiariedad, es decir, que no exista otro medio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos alegados. En este caso, la Sala constató que la accionante no agotó los recursos ordinarios procedentes, en particular los recursos de reposición y súplica previstos en los artículos 242 y 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el auto que rechazó la solicitud de extensión de jurisprudencia. Por ello, la acción de tutela resultó improcedente, ya que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad. Además, la Sala destacó que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para reabrir debates procesales que se encuentran precluidos, reafirmando su carácter excepcional y subsidiario. Tampoco se acreditó un perjuicio irremediable ni una situación de gravedad e inminencia que justificara la procedencia transitoria de la tutela. Finalmente, se negó la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, vinculada al proceso como tercero con posible interés, dado que participó en la negación administrativa de la solicitud inicial.

Fallo

En consecuencia, la Sala declaró improcedente la acción de tutela contra el auto de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que rechazó la solicitud de extensión de jurisprudencia. Asimismo, negó la desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ordenó notificar a las partes y terceros vinculados conforme a la ley. De no ser impugnada la providencia, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este fallo reafirma la importancia de respetar los mecanismos ordinarios de defensa y subraya la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela en el ordenamiento jurídico colombiano, garantizando así la correcta aplicación de los principios procesales y la protección efectiva de los derechos fundamentales.