Contexto y competencia

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció en primera instancia una acción de tutela interpuesta contra un auto proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del mismo tribunal. La acción fue presentada para proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados, específicamente el derecho al debido proceso y a la igualdad, en relación con el rechazo de una solicitud de extensión de jurisprudencia.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, vinculada a la Rama Judicial como juez de circuito, solicitó inicialmente la extensión de los efectos de una sentencia de unificación relacionada con el reconocimiento de una prima especial prevista en la Ley 4 de 1992. La solicitud fue negada en distintas instancias administrativas y judiciales. Posteriormente, se interpuso la petición ante la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que resolviera la extensión de la jurisprudencia, pero el auto del 7 de noviembre de 2025 rechazó la solicitud de plano. El fundamento principal para el rechazo fue que la sentencia cuya extensión se solicitaba no cumplía con los requisitos legales para ser considerada una sentencia de unificación vinculante, debido a irregularidades en la integración del tribunal que la profirió. Frente a esta decisión, la accionante promovió la acción de tutela argumentando vulneración de derechos fundamentales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales está condicionada al cumplimiento de requisitos generales, entre ellos la legitimación, inmediatez, relevancia constitucional, identificación clara de los hechos vulneradores, y especialmente la subsidiariedad, es decir, que no exista...