Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado, máxima instancia en lo contencioso administrativo en Colombia. La resolución corresponde a un auto que admite un recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte recurrente contra la sentencia definitiva del proceso de reparación directa identificado con el número 25000-23-36-000-2018-01207-00/01.

Antecedentes fácticos y procesales

El recurso extraordinario fue presentado contra la sentencia del 18 de noviembre de 2024, la cual resolvió en segunda instancia una demanda de reparación directa relacionada con un presunto error judicial derivado del decreto de una medida cautelar en un proceso verbal. La parte recurrente alegó que el fallo del Consejo de Estado estudió aspectos jurídicos y fácticos no planteados en el recurso de apelación, lo que vulneró el principio de congruencia, y fundamentó su solicitud en la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Inicialmente, el despacho sustanciador inadmitió el recurso extraordinario por no haberse acreditado el envío del recurso y sus anexos a la entidad demandada, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022. Posteriormente, el recurrente subsanó esta deficiencia enviando la constancia respectiva, cumpliendo así con los requisitos legales para la admisión del recurso.

Consideraciones jurídicas y decisión

El auto destaca la importancia del respeto al principio de congruencia, que implica que los fallos deben limitarse a resolver las pretensiones y argumentos planteados en el proceso. La parte recurrente argumentó que la sentencia impugnada transgredió este principio al abordar aspectos no debatidos en apelación, generando una nulidad originada en la misma sentencia definitiva. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales, el despacho sustanciador resolvió admitir el recurso extraordinario de revisión. Además, ordenó notificar personalmente a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que, si lo considera pertinente, intervenga en el proceso, así como al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se estableció que todas las intervenciones y documentos deberán ser presentados a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado. Esta admisión implica la posibilidad de reexaminar el caso bajo la causal extraordinaria invocada, abriendo una nueva etapa procesal orientada a garantizar la correcta aplicación del derecho y la tutela judicial efectiva en procesos de gran relevancia para la administración pública y los particulares. Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma su rol de garante del debido proceso y la legalidad en los procesos contencioso-administrativos, asegurando que las sentencias respeten los límites procesales y sustanciales establecidos por la ley. De esta forma, se fortalece la confianza en la justicia administrativa y se protege el derecho de las partes a un juicio justo y conforme a derecho.