Contexto y tribunal competente

La providencia judicial corresponde a un auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de una acción de tutela interpuesta por una entidad financiera local contra el Tribunal Administrativo de una región y otro juzgado administrativo. La acción buscaba la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por decisiones judiciales dictadas en un proceso ejecutivo originado en la jurisdicción civil.

Antecedentes fácticos y procesales

La entidad financiera demandante cuestionó dos providencias judiciales expedidas en un proceso ejecutivo, argumentando que incurrieron en un defecto procedimental absoluto por desconocimiento de las normas sobre competencia y jurisdicción previstas en el Código General del Proceso (CGP), específicamente los artículos 16 y 138. Según la entidad, el auto que libró mandamiento de pago dentro del proceso civil no era equiparable a una sentencia y, por tanto, debía mantenerse en firme pese a la declaración de falta de jurisdicción y remisión del caso a la jurisdicción contencioso administrativa.

Consideraciones y fundamentos de la providencia

La Sala confirmó el amparo de tutela al constatar la existencia de un defecto procedimental absoluto. Se consideró que las autoridades judiciales tuteladas se apartaron del procedimiento establecido para procesos ejecutivos provenientes de la jurisdicción ordinaria. El juzgado debió retomar el proceso en el estado previo a la providencia que ordenó continuar la ejecución, sin reanalizar aspectos ya resueltos. Se estableció que el juez contencioso administrativo para librar mandamiento de pago solo debía verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 422 del...