Providencia judicial y contexto procesal

La providencia objeto de análisis es una sentencia de primera instancia dictada el 16 de abril de 2026 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en el trámite de una acción de tutela. Esta fue impugnada y su estudio correspondió a la Sección Cuarta de la misma Sala de lo Contencioso Administrativo, en segunda instancia. El caso se originó en una acción popular radicada en el Tribunal Administrativo de Caldas, en la que se ordenó a una entidad financiera adecuar baños accesibles para personas en silla de ruedas, conforme a la Ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante interpuso una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, el Ministerio de la Cultura y los Saberes, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, invocando la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. En particular, cuestionó la vinculación del propietario del inmueble donde funciona la entidad financiera en el proceso de acción popular, argumentando que quien debería responder es quien se beneficia económicamente del establecimiento, no el dueño del inmueble. El Tribunal Administrativo de Caldas, en primera instancia, accedió a la acción popular y ordenó adecuar la unidad sanitaria para garantizar accesibilidad. Contra dicha decisión, las partes interpusieron recurso de apelación, concedido y en trámite ante el Consejo de Estado. Posteriormente, el interesado presentó la acción de tutela con el fin de impugnar aspectos procesales de la acción popular.

Consideraciones de la Sala sobre la improcedencia de la tutela

La Sala recordó que...