Providencia judicial y tribunal proponente

La Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia constitucional, emitió sentencia el 18 de junio de 2026, resolviendo la acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial del Tribunal Administrativo del Putumayo. La tutela fue promovida en contra de la sentencia de segunda instancia, dictada el 25 de septiembre de 2025, que revocó una decisión anterior favorable a la reparación directa por privación injusta de la libertad.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por una demanda de reparación directa presentada contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General, con el propósito de compensar daños materiales y morales derivados de una presunta privación injusta de libertad. La detención preventiva se impuso en el marco de una investigación por delitos relacionados con terrorismo y porte ilegal de armas y explosivos. En primera instancia, el Juzgado Administrativo de Mocoa reconoció la responsabilidad del Estado, con base en la ausencia de respaldo probatorio suficiente para justificar la detención prolongada de más de catorce meses y la posterior absolución del procesado por aplicación del principio in dubio pro reo. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Putumayo revocó esta decisión en segunda instancia, denegando las pretensiones de la demanda. El tribunal sostuvo que la medida de aseguramiento fue adoptada conforme a los requisitos legales previstos en los artículos 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal, y que existía una inferencia razonable de la participación en los hechos investigados. Además, consideró que la medida fue necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, garantizar la comparecencia...