Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en segunda instancia, en respuesta a una acción de tutela presentada contra la Sección Tercera, Subsección B, del mismo Consejo. La acción buscaba proteger los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a obtener una decisión dentro de un plazo razonable, y a la verdad y reparación integral, debido a la demora en la emisión de la sentencia en un proceso de reparación directa.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó por la privación injusta de la libertad de un grupo de personas vinculadas a hechos ocurridos en 2002, durante una operación conjunta de autoridades militares y de inteligencia. Los afectados fueron detenidos sin orden previa y permanecieron privados de libertad hasta que se comprobó la irregularidad de la medida, siendo absueltos posteriormente. Además de la detención arbitraria, sufrieron estigmatización, afectaciones familiares y desplazamiento forzado. En 2007, los afectados iniciaron un proceso de reparación directa contra diversas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General. Una sentencia de primera instancia se dictó en 2021, accediendo parcialmente a las pretensiones. Posteriormente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido y quedó en trámite ante la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. La parte demandante solicitó prelación para la decisión, dado el impacto en derechos humanos, la cual fue concedida en 2024. Sin embargo, a la fecha de la acción de tutela en 2026, la sentencia de segunda instancia no se había proferido, lo que motivó la solicitud de tutela por presunta mora judicial.

Consideraciones de la Sala sobre la mora judicial

La Sala recordó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional para proteger derechos fundamentales, aplicable cuando no existen otros medios judiciales eficaces o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable. Respecto a la mora judicial, se definió como el incumplimiento injustificado de los plazos legales para dictar decisiones judiciales, requiriendo que concurran tres elementos: incumplimiento del término, ausencia de justificación razonable, y que la demora sea imputable a negligencia del juez. Tras analizar el expediente y el estado procesal, la Sala concluyó que: - La demora se debe al turno asignado conforme al orden cronológico de ingreso de expedientes, conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que garantiza igualdad y debido proceso. - La complejidad objetiva del proceso, que involucra a múltiples demandantes, extensos documentos y diversas entidades, justifica un tiempo mayor para el análisis y elaboración de la sentencia. - Las actuaciones judiciales han sido continuas y diligentes, incluyendo admisión de recursos, resolución de solicitudes procesales y traslado para alegatos. - La prelación concedida no implica decisión inmediata, pues deben respetarse otras prelaciones previas. Por lo tanto, no se configuró mora judicial injustificada ni vulneración de derechos fundamentales.

Decisión

Con base en lo anterior, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó la acción de tutela solicitada. Se ordenó notificar a las partes y publicar la providencia en la página oficial del Consejo de Estado. Además, se remitió copia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta decisión reafirma la importancia de respetar los procesos y turnos judiciales, especialmente en casos complejos que requieren un análisis riguroso, y delimita el uso de la tutela para situaciones excepcionales de vulneración real y urgente de derechos fundamentales. De esta manera, se garantiza la confianza en el sistema judicial y se protege el derecho a un debido proceso efectivo y ordenado.