Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en calidad de máximo tribunal contencioso administrativo, emitió un auto mediante el cual declaró fundado el impedimento presentado por el consejero presidente para intervenir en el conocimiento de una acción de tutela. Esta providencia fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, en el marco de un proceso instaurado para proteger el derecho fundamental de petición.

Antecedentes del caso

Un ciudadano presentó una demanda de tutela contra la Sección Primera y la Sección Segunda del Consejo de Estado, alegando la vulneración de su derecho de petición por la falta de respuesta a una solicitud radicada en marzo de 2026. La demanda fue admitida y notificada a las secciones accionadas, vinculando además a sus secretarías como terceros con interés en el proceso. Posteriormente, el consejero presidente del Consejo de Estado manifestó su impedimento para conocer la tutela, argumentando que, en ejercicio de sus funciones como titular de la Presidencia, había respondido la petición objeto de la demanda mediante un oficio oficial. Por tal motivo, sostuvo que existe un interés legítimo en el resultado del proceso, lo que constituye causal de impedimento según la ley.

Fundamentos jurídicos y consideraciones

La providencia se fundamenta en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, que establece las causales de impedimento para funcionarios judiciales. En particular, el numeral 1° dispone que un funcionario debe declararse impedido cuando él mismo, su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés en la actuación procesal. En el presente caso, el consejero presidente, al haber emitido la respuesta a la petición que dio origen a la tutela, posee un interés directo en el asunto. Por lo tanto, el tribunal consideró procedente apartarlo del conocimiento del proceso para garantizar la imparcialidad y la adecuada administración de justicia.

Decisión adoptada

En mérito de lo anterior, el auto declaró fundado el impedimento del consejero presidente y ordenó notificar a las partes conforme a la normativa vigente. Además, se dispuso continuar con el trámite correspondiente sin la participación del funcionario impedido. Esta providencia reafirma la importancia de las causales de impedimento para preservar la imparcialidad en los procesos judiciales y proteger los derechos fundamentales, en este caso, el derecho de petición.

Artículo	Contenido relevante
Artículo 56, Ley 906 de 2004	Causal 1°: Impedimento por interés del funcionario o sus familiares en la actuación procesal. Causal 6°: Impedimento cuando el funcionario haya participado en la providencia a revisar o tenga parentesco con quien la dictó.

Con esta decisión, el Consejo de Estado confirma su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando que los procesos se desarrollen con total imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos. El caso también establece un precedente importante para futuros procesos en los que se pueda presentar un conflicto de intereses por parte de funcionarios judiciales en ejercicio.