Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima instancia en materia administrativa del país, competente para conocer asuntos relacionados con derechos fundamentales y actos administrativos. La acción de tutela fue presentada en primera instancia contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial – y la Escuela Judicial, en el marco del concurso público de méritos número 27 para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo.

Antecedentes del caso

El accionante solicitó protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito, acceso a cargos públicos y evaluación objetiva, alegando irregularidades en la calificación otorgada en la etapa clasificatoria del concurso y en la conformación del registro nacional de elegibles. En particular, reclamó que la entidad administrativa no reconoció adecuadamente la totalidad de sus semestres acreditados de docencia de tiempo completo, asignándole un puntaje inferior al establecido en las reglas del concurso. El actor fundamentó su reclamo en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que regula el proceso de selección y asignación de puntajes por experiencia adicional y docencia. Se argumentó que la autoridad administrativa interpretó erróneamente las normas al equiparar la docencia con la experiencia adicional y exigir que esta fuera posterior al cumplimiento del requisito mínimo, condicionamiento que no está previsto en la convocatoria. Además, se alegó un defecto fáctico en la valoración de la experiencia y docencia acreditadas.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario,...