Providencia judicial y competencia

La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia constitucional y legal para conocer acciones de tutela contra providencias judiciales, conforme al artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y demás normas reglamentarias. La acción fue radicada en mayo de 2026 y se dirigió contra sentencias emitidas en primera y segunda instancia administrativa.

Antecedentes fácticos y procesales

Los accionantes promovieron un medio de control de reparación directa contra la Superintendencia de Sociedades, buscando que se declarara patrimonialmente responsable a dicha entidad por supuestas fallas en la prestación del servicio y omisión en el cumplimiento de una orden judicial relacionada con la administración del patrimonio de una sociedad mercantil. El proceso fue tramitado inicialmente por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, que negó las pretensiones en sentencia de julio de 2023. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó esta decisión en octubre de 2025, al no encontrar acreditada la existencia de una conducta omisiva atribuible a la entidad demandada ni el nexo causal con el daño alegado, consistente en la imposibilidad de hacer efectivo un crédito por valor cercano a los 459 millones de pesos. Insatisfechos con estos fallos, los accionantes interpusieron acción de tutela contra ambas providencias, alegando violación de derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y la propiedad.

Consideraciones del Consejo de Estado

El análisis de la Sala se centró en verificar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, condición indispensable para que...