Contexto y antecedentes procesales

La decisión fue proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y normatividad complementaria, incluida la jurisprudencia vigente. El caso se originó a partir de una demanda presentada contra el Consejo de Estado y un tribunal administrativo, en su calidad de autoridades judiciales, así como contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Las demandantes alegaron la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, igualdad ante la ley, acceso a la administración de justicia y protección especial para personas de la tercera edad, tras la confirmación de una sentencia que declaró la caducidad de un medio de control dirigido contra entidades estatales. El proceso inicial se relacionaba con la responsabilidad patrimonial estatal por la muerte de una persona privada de la libertad con graves patologías preexistentes, a quien se le negó un mecanismo sustitutivo de pena a pesar de su estado de salud. El tribunal administrativo de primera instancia declaró de oficio la caducidad de la acción y negó las pretensiones contra el INPEC por falta de demostración de falla en el servicio. Esta decisión fue confirmada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en octubre de 2025.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El análisis del Consejo de Estado se centró en determinar si la acción de tutela era procedente contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si se cumplían los requisitos de procedibilidad, especialmente el de inmediatez. La Sala recordó que la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional...