Contexto y tribunal competente

El auto interlocutorio fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, instancia única en el medio de control de nulidad que revisa actos administrativos. El despacho encargado resolvió la solicitud de medida cautelar presentada contra el Decreto 1735 del 22 de diciembre de 2020, que fue expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue instaurada en abril de 2021 por un ciudadano y otros, quienes solicitaron la nulidad del Decreto 1735 por considerar que vulnera mandatos constitucionales y legales. Los principales argumentos se centraron en la supuesta extralimitación de funciones al otorgar a autoridades registrales facultades propias de la Rama Judicial, y en la falta de competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para expedir dicha norma, atribuyendo esa función a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio de Justicia y del Derecho. El Decreto 1735 modifica parcialmente el marco normativo relativo a la intervención por captación ilegal de recursos, específicamente en cuanto a la forma en que las autoridades registrales deben garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en procedimientos de intervención, incluyendo la creación de códigos registrales para registrar decisiones administrativas y judiciales. La parte actora también solicitó la suspensión provisional del Decreto para evitar daños irreparables, alegando riesgos para titulares de derechos reales de buena fe afectados por inscripciones administrativas sin el debido estudio de legalidad.

Consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado examinó la solicitud de medida cautelar bajo el régimen previsto en el...