Contexto y antecedentes del proceso

El proceso se originó por la demanda interpuesta contra la Instrucción Administrativa 9 de noviembre de 2022, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta instrucción aclaró que la caducidad prevista en el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012 no aplica a las medidas cautelares decretadas en los procesos de extinción de dominio, dada la naturaleza constitucional, autónoma e imprescriptible de dicha acción. La demanda fue admitida por el Consejo de Estado, que ordenó notificar a la Superintendencia como parte demandada. Posteriormente, se resolvió suspender provisionalmente la aplicación de dicha instrucción, decisión que fue recurrida por la entidad demandada. Durante el trámite, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Fiscalía General de la Nación solicitaron ser vinculadas como coadyuvantes, alegando que la decisión administrativa afectaba directamente sus funciones relacionadas con la administración y seguridad jurídica de los bienes bajo medidas cautelares en procesos de extinción de dominio. Ambas entidades también solicitaron la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, argumentando que debieron ser citadas desde el inicio para garantizar su derecho a la defensa.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado analizó la procedencia de la nulidad con base en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), que establece como causal de nulidad la omisión de notificación legal a personas o entidades que deban intervenir en el proceso como partes. El tribunal recordó que, conforme al artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), deben ser notificadas y vinculadas al proceso...