Contexto y procedimiento

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, conoció el auto judicial relativo a la demanda presentada contra una resolución expedida por el Consejero Comisionado de Paz. El acto administrativo impugnado acepta un listado entregado por un representante autorizado de un grupo armado autodenominado para iniciar el proceso de desplazamiento hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). El demandante, actuando a título personal, solicitó la nulidad de esta resolución y, adicionalmente, una medida cautelar de urgencia para suspender sus efectos, alegando vulneraciones constitucionales y legales. La petición de suspensión buscaba evitar la suspensión automática de órdenes de captura con fines de extradición contra integrantes del grupo armado, argumentando que dicha suspensión carecía de competencia y violaba diversas normas constitucionales y legales.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de la expedición de la Resolución OCCP 120, que acepta de buena fe el listado de 29 personas señaladas como integrantes del grupo armado para su tránsito progresivo y condicionado hacia las ZUT, previsto para el 25 de junio de 2026. La resolución establece el carácter reservado del listado y la información relacionada, aduciendo razones de seguridad y la necesidad de preservar el desarrollo efectivo del proceso de paz. Tras la presentación de la demanda, la entidad demandada solicitó la suspensión de la resolución mediante medida cautelar de urgencia. La Fiscalía General de la Nación, en un acto posterior, decidió abstenerse de suspender las órdenes de captura solicitadas, indicando que cualquier decisión sobre ese punto corresponde a su competencia y puede ser controvertida judicialmente.

Consideraciones jurídicas y...