Providencia en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, emitió sentencia única en ejercicio del medio de control de repetición interpuesto por la Nación – Rama Judicial contra tres magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca por su actuación gravemente culposa que derivó en una condena contra la Rama Judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

La controversia se originó tras la calificación insatisfactoria del desempeño de una funcionaria pública adscrita al Tribunal Administrativo de Arauca, mientras disfrutaba de licencia de maternidad. Dicha calificación fue confirmada y sirvió de base para su retiro del servicio y exclusión de la carrera judicial mediante actos administrativos. Posteriormente, la funcionaria promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y el Tribunal Administrativo de Arauca, y luego el Consejo de Estado, declararon nulos los actos administrativos por falta de competencia y falsa motivación, ordenando el reintegro y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. En cumplimiento de esta sentencia, la Rama Judicial efectuó el pago de una indemnización que posteriormente reclamó a los magistrados responsables mediante el medio de control de repetición, alegando culpa grave en la emisión de los actos anulados.

Consideraciones jurídicas y análisis del Consejo de Estado

La Sala recordó que, conforme al artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001, el Estado debe repetir contra el servidor público cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena patrimonial contra la entidad pública. Para ello, se deben acreditar cuatro presupuestos: i) la obligación reparatoria del Estado; ii) la calidad del demandado como servidor público o particular en función pública; iii) el pago efectivo de la condena; y iv) la conducta dolosa o gravemente culposa que causó el daño. En este caso, el tribunal constató que la Nación – Rama Judicial fue condenada mediante sentencia ejecutoriada, que los demandados eran magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca en el momento de los hechos, y que se acreditó el pago efectivo de la condena. Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa, el Consejo de Estado examinó la actuación de los magistrados en la emisión del formulario de calificación y el acto administrativo que confirmó dicha calificación. Se evidenció que los actos fueron expedidos sin la competencia legal requerida y con motivaciones insuficientes y genéricas, sin pruebas concretas que respaldaran las imputaciones contra la funcionaria. La Sala analizó además testimonios y pruebas sobre un posible hostigamiento laboral debido al estado de maternidad de la funcionaria, sin que se acreditara con certeza la animadversión o intención dañina de los magistrados, salvo por la calificación infundada que condujo a la nulidad de los actos. Con base en la normativa aplicable y la jurisprudencia, el Consejo de Estado concluyó que los magistrados actuaron con culpa grave al emitir actos administrativos sin competencia y con falsa motivación, causando un daño patrimonial a la Rama Judicial.

Liquidación y condena solidaria

La condena se determinó atendiendo al grado de participación de cada magistrado en la producción del daño. Uno de los magistrados solo participó en la confirmación del acto administrativo, mientras que los otros dos intervinieron en ambos actos administrativos anulados, con mayor grado de responsabilidad. La Sala condenó a los magistrados a pagar solidariamente el 65% del capital efectivamente pagado por la Rama Judicial, actualizado al momento de la sentencia. Los porcentajes de participación se distribuyeron en un 50% para el magistrado con mayor grado de intervención, y 25% para cada uno de los otros dos. La suma total actualizada asciende a aproximadamente 606 millones de pesos.

Costas y agencias en derecho

Se condenó igualmente a los demandados al pago de costas procesales y agencias en derecho, fijando estas últimas en el 5% del monto reclamado, a ser pagadas en partes iguales a favor de la Rama Judicial.

Decisión final

El Consejo de Estado declaró administrativamente responsables a los magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca por la conducta gravemente culposa que ocasionó la condena patrimonial contra la Rama Judicial. Ordenó el pago solidario de la suma correspondiente y el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la ejecución de la condena y pago de costas. Esta sentencia resalta la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y la obligación del Estado de repetir contra quienes con dolo o culpa grave generen perjuicios patrimoniales a la entidad pública, reafirmando los principios de eficiencia, legalidad y buen manejo de los recursos públicos. Con esta decisión, el Consejo de Estado busca fortalecer la confianza en la administración pública y garantizar que los actos administrativos se ajusten a derecho y se ejerzan con la debida diligencia.