Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sección Tercera, Subsección C, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que es competente en única instancia para conocer recursos de anulación contra laudos arbitrales relacionados con contratos estatales. El conflicto se originó a partir de controversias entre una sociedad concesionaria y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio (Transmilenio S.A.), sociedad de economía mixta del Distrito Capital, en el marco del contrato de concesión para la operación de la unidad funcional 5 del SITP.

Antecedentes fácticos y procesales

El contrato de concesión No. 762 de 2019 estableció la prestación del servicio público de transporte terrestre urbano masivo en Bogotá. En desarrollo de este, Transmilenio suscribió con una empresa proveedora de energía (actualmente llamada en garantía) un contrato de arrendamiento No. 696 de 2020 para un inmueble destinado a infraestructura eléctrica de carga de la flota eléctrica del concesionario. El concesionario presentó demanda arbitral solicitando declarar incumplimientos contractuales de Transmilenio, especialmente en el pago de tarifas por pasajero y en la entrega de infraestructura eléctrica adecuada para la recarga de la flota. Transmilenio, a su vez, llamó en garantía al proveedor eléctrico para que respondiera por posibles perjuicios derivados del funcionamiento y entrega de dicha infraestructura. El Tribunal de Arbitramento, integrado por tres árbitros habilitados, profirió laudo el 20 de junio de 2025, encontrando parcialmente responsable a Transmilenio por incumplimientos y estableciendo que la llamada en garantía debía asumir las condenas relacionadas con la infraestructura eléctrica, según el contrato de arrendamiento.

Consideraciones principales de la providencia del Consejo de Estado

La parte llamada...