Contexto y antecedentes del caso

El 28 de noviembre de 2025, una fundación dedicada al Estado de Derecho interpuso un recurso de nulidad simple contra cinco actos administrativos: dos decretos presidenciales expedidos en 2023 y tres resoluciones del Ministerio de Transporte de 2024. Estos actos regulan las tarifas de peajes bajo la autoridad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Transporte, estableciendo un congelamiento de tarifas y la suspensión de incrementos basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con incrementos parciales y graduales posteriores. La parte demandante solicitó además, como medida cautelar de urgencia, la suspensión provisional de ciertas disposiciones de dichos actos, argumentando que su vigencia generaba consecuencias económicas y jurídicas irreversibles que podrían agravarse con la demora judicial. Esta solicitud se estructuró en torno a la procedencia de la medida, la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro de la mora (periculum in mora).

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, examinó la solicitud a la luz del artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que permite decretar medidas cautelares sin previa notificación cuando la urgencia lo justifique. Sin embargo, la corporación señaló que la parte demandante no demostró suficientemente la existencia de una situación urgente que impidiera agotar el trámite regular de traslado a la contraparte, requisito indispensable para la adopción del trámite de urgencia. La fundamentación presentada fue genérica y no especificó razones concretas para prescindir del traslado previo. Adicionalmente, el tribunal observó que no...