Contexto y antecedentes del caso

En mayo de 2019, un grupo de ciudadanos promovió una acción popular para proteger derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la adecuada utilización de bienes de uso público en Cartagena. El foco principal fue garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a monumentos históricos y bienes patrimoniales, entre ellos las murallas, sus baluartes y el Castillo de San Felipe de Barajas, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los demandantes solicitaron que el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Planeación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, la Escuela Taller y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena realizaran obras de adecuación como rampas o ascensores. Además, pidieron que estas medidas se incluyeran en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), y que se ejerciera una vigilancia efectiva sobre el cumplimiento de las normas de accesibilidad. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de febrero de 2022, amparó los derechos colectivos invocados y ordenó la realización de un estudio técnico integral, la ejecución de adecuaciones en un plazo determinado, la adquisición de rampas móviles para acceso inmediato y la conformación de un comité de verificación.

Recursos de apelación y argumentación de las entidades demandadas

El Ministerio de Cultura, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena interpusieron recursos de apelación. Alegaron que las murallas y el Castillo cuentan con un PEMP vigente que regula las intervenciones para proteger la integridad, autenticidad y valor histórico de estos bienes de interés cultural. Se argumentó que las características...