Contexto y antecedentes

El caso se originó a partir de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la Procuraduría General de la Nación, luego de la sanción disciplinaria impuesta a un funcionario público que ejercía el cargo de jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos en una Gobernación. La sanción consistió en destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por diez años. En primera instancia, el Tribunal Administrativo competente declaró la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia que confirmaron la sanción. Posteriormente, contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, que fue remitido al Consejo de Estado, asignándose a un despacho encargado para su trámite. Durante el procedimiento, la parte demandante solicitó la práctica de pruebas adicionales en segunda instancia, incluyendo una epicrisis médica del sancionado que evidenciaba afectaciones en su salud, así como testimonios sobre los efectos sociales, familiares y morales derivados de la sanción. Sin embargo, la magistrada ponente de segundo grado negó estas pruebas por considerar que no cumplían con los requisitos legales.

Decisión y fundamentación jurídica

El Consejo de Estado analizó el recurso de súplica interpuesto contra el auto que negó la práctica de pruebas en segunda instancia. Previamente, se declaró fundado el impedimento del consejero que había participado en la admisión del recurso de apelación, por lo cual se apartó del conocimiento del asunto y se designó a otra Sala para decidir. La Sala recordó que, conforme al artículo 212 del CPACA, la solicitud de pruebas en segunda instancia está limitada a situaciones específicas, tales como: pruebas solicitadas de común...