Contexto y tribunal competente

La providencia fue dictada por el Consejo de Estado, en segunda instancia, sobre un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, emitida el 21 de noviembre de 2025. El proceso se originó por una demanda de reparación directa presentada por un particular contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad demandada.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante adquirió en 2009 un inmueble ubicado en la localidad de Suba, Bogotá D.C., con la intención de desarrollar proyectos inmobiliarios. En 2011, la CAR declaró la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van der Hammen”, dentro de la cual quedó comprendido el predio, afectando su uso y explotación. Posteriormente, en 2020, la afectación fue anotada en el certificado de tradición y libertad del inmueble, circunstancia que el demandante conoció en 2021. En un proceso de reorganización empresarial aprobado por la Superintendencia de Sociedades en 2021, el proyecto urbanístico sobre el predio se planteó como mecanismo para superar una crisis financiera y atender obligaciones con acreedores. El demandante solicitó indemnización por perjuicios materiales y morales, alegando que la declaratoria de la reserva forestal impidió la ejecución del proyecto y afectó patrimonialmente el inmueble, incluyendo la pérdida de valor y limitaciones en su explotación económica.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala destacó que, conforme al artículo 90 de la Constitución Política, para que proceda la responsabilidad patrimonial del Estado es necesario acreditar un daño cierto, actual o futuro pero cierto, derivado de una situación jurídica consolidada. No son indemnizables los daños hipotéticos o fundados...