Providencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció, en segunda instancia, el proceso identificado con radicación 73001-23-33-000-2015-00199-01, originado por una demanda interpuesta por la Personería Municipal de Ibagué contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P.), el municipio de Ibagué y el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (COIBA).

Antecedentes del caso

La acción busca la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, y el acceso a servicios públicos eficientes y oportunos en el COIBA, específicamente en cuanto al suministro de agua potable y alcantarillado. Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones en 2019, al considerar que no se evidenciaba una amenaza o vulneración a los derechos invocados. Sin embargo, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público, como coadyuvante de la parte demandante, interpuso recurso de apelación que fue admitido con efecto suspensivo. Durante el trámite, el Consejo de Estado decretó la práctica de un dictamen pericial para esclarecer si las condiciones del servicio de acueducto y alcantarillado en el COIBA son óptimas para la permanencia continua de los reclusos y si el suministro de agua se realiza de manera constante o con interrupciones parciales. Diferentes entidades fueron requeridas para designar expertos que elaboraran dicho dictamen. Finalmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) fue la entidad...