Providencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció, en segunda instancia, el proceso identificado con radicación 73001-23-33-000-2015-00199-01, originado por una demanda interpuesta por la Personería Municipal de Ibagué contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P.), el municipio de Ibagué y el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (COIBA).

Antecedentes del caso

La acción busca la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, y el acceso a servicios públicos eficientes y oportunos en el COIBA, específicamente en cuanto al suministro de agua potable y alcantarillado. Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones en 2019, al considerar que no se evidenciaba una amenaza o vulneración a los derechos invocados. Sin embargo, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público, como coadyuvante de la parte demandante, interpuso recurso de apelación que fue admitido con efecto suspensivo. Durante el trámite, el Consejo de Estado decretó la práctica de un dictamen pericial para esclarecer si las condiciones del servicio de acueducto y alcantarillado en el COIBA son óptimas para la permanencia continua de los reclusos y si el suministro de agua se realiza de manera constante o con interrupciones parciales. Diferentes entidades fueron requeridas para designar expertos que elaboraran dicho dictamen. Finalmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) fue la entidad encargada, financiada por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.

Consideraciones y decisión del Consejo de Estado

El auto proferido ordena a la Secretaría General del Consejo de Estado que dé cumplimiento al traslado del dictamen pericial a las partes procesales, tal como había sido previamente dispuesto en el auto del 1 de julio de 2020. La providencia destaca que, aunque el dictamen fue recibido en noviembre de 2025, no se había cumplido con la notificación formal a las partes, lo cual es indispensable para garantizar el derecho a la contradicción y el debido proceso, conforme a los artículos 228 y 231 del Código General del Proceso (CGP). Asimismo, el Consejo accedió a la solicitud de exclusión de la Universidad Militar Nueva Granada de las notificaciones oficiales, al no ser parte ni sujeto procesal del proceso, ordenando a la Secretaría General abstenerse de enviarle comunicaciones futuras, salvo que se requiera información específica. Finalmente, la providencia reconoce y acepta varias renuncias y nuevas designaciones de apoderados de las partes demandadas, manteniendo actualizado el estado procesal de los representantes legales.

Contexto jurídico

El proceso se tramita bajo la Ley 472 de 1998, que regula la protección de los derechos e intereses colectivos, y las normas del Código General del Proceso que rigen la práctica y contradicción de la prueba pericial en segunda instancia. La decisión refleja la importancia de garantizar la participación efectiva de las partes en el proceso, especialmente en asuntos relacionados con derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano, la salud pública y la prestación adecuada de servicios básicos en contextos penitenciarios. Esta providencia es un paso relevante para continuar con el análisis técnico y jurídico del caso, que busca asegurar condiciones dignas y la protección de derechos colectivos en el entorno penitenciario de Ibagué. Se espera que, con la debida notificación y participación de las partes, se pueda avanzar en la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los internos y a garantizar el cumplimiento de las normas que regulan los servicios públicos en los centros de reclusión.