Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala Quinta del Consejo de Estado, en calidad de tribunal de segunda instancia, conoció la impugnación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había rechazado una acción de cumplimiento contra la UARIV. La acción buscaba ordenar a la entidad el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado a favor del accionante y su hijo, amparados en las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias, así como en la Ley 2421 de 2024 y la Sentencia SU-254 de 2013.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, registrado en el Registro Único de Víctimas, alegó ser víctima de desplazamiento forzado desde 2001 y denunció demoras y obstáculos en la tramitación de su indemnización administrativa debido a errores en el reconocimiento de su núcleo familiar por parte de la UARIV. Tras varias gestiones y acciones constitucionales que ordenaron a la entidad corregir dichos errores, el solicitante presentó nuevas peticiones para el reconocimiento y pago de la indemnización. Al no recibir respuesta definitiva en los plazos establecidos, interpuso la acción de cumplimiento con base en un supuesto incumplimiento por parte de la UARIV. El tribunal de primera instancia rechazó la acción por improcedente, argumentando que no se había configurado la renuencia necesaria para este mecanismo y que la pretensión implicaba el reconocimiento de un derecho subjetivo que debía tramitarse mediante otros mecanismos administrativos.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

El Consejo de Estado centró su análisis en la naturaleza de la acción de cumplimiento, prevista en el artículo 87 de la Constitución Política...