Contexto y antecedentes del caso

El conflicto de competencia surgió entre el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo (Nariño) y el Juzgado Noventa y Cuatro de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., en relación con la tramitación de un proceso ejecutivo iniciado por una entidad financiera pública contra dos demandados. La demanda fue inicialmente presentada ante el juzgado de San Pablo, basándose en la competencia territorial prevista en el artículo 28 del Código General del Proceso, numeral 5, que permite escoger como jurisdicción el domicilio de la sucursal o agencia de la entidad demandante. Sin embargo, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo rechazó la demanda y la remitió a Bogotá, argumentando que, por tratarse de una entidad pública con domicilio principal en la capital, el proceso debía tramitarse ante los juzgados civiles municipales de esa ciudad. Posteriormente, el juzgado de Bogotá también se negó a conocer del asunto y propuso la colisión de competencia para que fuera resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural analizó el conflicto con fundamento en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 1285 de 2009. La Corte recordó que la competencia territorial en procesos contenciosos se determina principalmente por el domicilio del demandado (numeral 1º, artículo 28 del Código General del Proceso). En casos relacionados con títulos ejecutivos, también puede ser competente el juez del lugar de cumplimiento de la obligación (numeral 3º). Para entidades públicas, el numeral 10º establece competencia privativa del juez del domicilio de la entidad, mientras que el numeral 5º permite que en asuntos vinculados a sucursales o agencias, la competencia pueda recaer en el juez de estas. La Sala destacó que cuando la entidad pública es la demandante, tiene la facultad de escoger el domicilio principal o cualquiera de sus sucursales o agencias para adelantar el proceso, siempre que el asunto esté relacionado con dichas sedes. En el caso concreto, aunque el domicilio principal de la entidad financiera pública está en Bogotá, el proceso ejecutivo está vinculado directamente con la sucursal ubicada en San Pablo, donde se suscribieron los pagarés y debía cumplirse la obligación de pago. La existencia y competencia de dicha agencia fue corroborada mediante fuentes oficiales.

Decisión y consecuencias

Por estas razones, la Corte Suprema declaró competente al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo para conocer del proceso ejecutivo. Además, ordenó notificar esta decisión al juzgado de Bogotá y remitir el expediente al juzgado competente en San Pablo para la continuación del trámite judicial. Esta decisión reafirma la aplicación de las normas sobre competencia territorial en procesos ejecutivos promovidos por entidades públicas, confirmando que la elección del domicilio principal o de la sucursal para adelantar el proceso debe estar vinculada con el objeto del litigio y el lugar de cumplimiento de las obligaciones. La resolución contribuye a clarificar criterios sobre la competencia en casos con entidades públicas que cuentan con múltiples domicilios, garantizando seguridad jurídica y respeto a las disposiciones del Código General del Proceso. En conclusión, la sentencia establece un precedente importante para la correcta delimitación de la competencia territorial en procesos ejecutivos, evitando dilaciones procesales y asegurando que los procesos se adelanten en la jurisdicción adecuada, en beneficio de las partes involucradas y del orden judicial.