Contexto y tribunal que decide

La providencia judicial emanó de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Ocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Medellín. La cuestión radicaba en determinar cuál de estos órganos jurisdiccionales era competente para conocer una demanda ejecutiva presentada contra una persona natural.

Antecedentes fácticos y procesales

Una sociedad comercial interpuso demanda ejecutiva fundamentada en un pagaré, solicitando el mandamiento de pago por las sumas adeudadas. En la demanda, la parte actora eligió el juzgado de Bogotá como competente, basándose en el lugar de cumplimiento de la obligación señalado en el título ejecutivo, conforme a lo previsto en el artículo 28 del Código General del Proceso. El Juzgado de Bogotá, mediante auto, rechazó su competencia territorial, argumentando que tanto el domicilio del demandado como el verdadero lugar de cumplimiento de la obligación se encontraban en Medellín. Además, consideró que la ejecutante había excedido las facultades conferidas para determinar el lugar de pago. Por su parte, el juzgado de Medellín también se abstuvo de conocer el caso y planteó un conflicto negativo de competencia, señalando que la ley otorga la posibilidad de elegir entre el fuero del domicilio del demandado y el del lugar de cumplimiento de la obligación, y que la parte actora había optado por este último.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte inició su análisis recordando lo establecido en el artículo 28 del Código General del Proceso, que prevé dos fueros concurrentes para procesos originados en negocios jurídicos que involucren títulos ejecutivos: el del domicilio del demandado y el del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La Sala enfatizó que ninguno de estos fueros prevalece sobre el otro y que la potestad de elección corresponde exclusivamente al actor. Por ende, esta elección debe respetarse y no puede ser desconocida por el juez ante quien se presente la demanda. Respecto al caso concreto, la ejecutante eligió el fuero correspondiente al lugar de cumplimiento de la obligación, indicado expresamente en el pagaré como la ciudad de Bogotá. La Corte señaló que, en esta etapa inicial, no competía al juzgado evaluar si la parte actora había excedido las facultades conferidas para determinar el lugar de pago, pues tal cuestión corresponde al fondo del asunto y no al examen preliminar de competencia. Por lo tanto, la Sala declaró que el juzgado de Bogotá es competente para conocer y tramitar la acción ejecutiva.

Decisión

Con base en las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia resolvió:

• Declarar competente al Juzgado Cuarenta y Ocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá para conocer el proceso ejecutivo.
• Remitir el expediente a dicha autoridad judicial para la continuación del trámite.
• Comunicar esta providencia al juzgado de Medellín y a la parte ejecutante.

Esta decisión reafirma la importancia del respeto a la facultad del actor para elegir el fuero en demandas ejecutivas, conforme a las normas procesales vigentes, garantizando así la seguridad jurídica y el debido proceso en la tramitación de estas acciones judiciales.