Contexto y tribunal competente

La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia para resolver la impugnación contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en primera instancia. El proceso constitucional de tutela fue instaurado por un ciudadano privado de la libertad que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales relacionados con el acceso a su expediente judicial electrónico.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, en condición de privado de la libertad, manifestó que tanto el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad como el Centro de Servicios Administrativos de la misma especialidad y ciudad no le respondieron oportunamente a su solicitud de acceso al expediente electrónico ni habilitaron las herramientas necesarias para su consulta. Además, alegó que enfrentó fallas técnicas en los sistemas electrónicos dispuestos por la Rama Judicial que le impidieron ejercer sus derechos al debido proceso y a la administración de justicia, ya que no pudo conocer ni participar adecuadamente en el trámite de ejecución de su pena. Durante el trámite de la tutela, el demandante detectó inconsistencias en la estructura documental del expediente, incluyendo la ausencia de actuaciones relevantes, como las derivadas de un recurso de apelación concedido por otro juzgado penal, y un deficiente ordenamiento de los documentos digitales. Por estas razones, solicitó la vinculación de varias autoridades, entre ellas el Juzgado Doce Penal del Circuito con Función de Conocimiento, la Unidad de Transformación Digital, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el centro penitenciario...