Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia constitucional, con ocasión de la impugnación de una sentencia previa de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial. La acción de tutela fue interpuesta contra la Comisaría de Familia y el Juzgado de Familia, en el marco de una medida de protección por presunta violencia intrafamiliar.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, padre de una menor, impugnó la demora de aproximadamente dos años en la remisión del expediente por parte de la Comisaría de Familia para que el Juzgado de Familia resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la medida de protección definitiva impuesta en favor de la madre y la menor. Durante este tiempo, la Comisaría también adelantó incidentes de incumplimiento y sancionó al accionante sin que la medida estuviera ejecutoriada, lo que generó cuestionamientos sobre la vulneración del derecho al debido proceso, acceso a la justicia y doble grado de jurisdicción. Previo a la tutela, el Juzgado de Familia declaró la nulidad de una sanción impuesta por la Comisaría debido a la falta de defensa técnica y ordenó rehacer el trámite. Posteriormente, la Comisaría remitió el expediente al Juzgado, que finalmente confirmó la medida de protección. La tutela cuestionaba principalmente la mora judicial y solicitaba garantías efectivas para evitar la repetición de irregularidades.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte reiteró que el amparo constitucional es procedente frente a moras judiciales injustificadas, entendidas como aquellas que evidencian desidia o negligencia manifiesta de la autoridad,...