Contexto y tribunal competente

La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, dentro del trámite de impugnación contra un fallo previo de la Sala de Casación Penal de la misma Corte. La acción de tutela fue presentada en defensa del derecho fundamental al debido proceso y a la libertad, en el marco de un proceso penal por violencia intrafamiliar agravada.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, privado de la libertad desde abril de 2024 tras una sentencia condenatoria de primera instancia, interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia. Sin embargo, pasados casi 24 meses, la apelación no había sido resuelta, lo que motivó la presentación de la tutela solicitando la protección de sus garantías procesales y la libertad provisional mientras se dicta la decisión de fondo. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Fusagasugá y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas respondieron que la tardanza se debía a la congestión judicial y a la priorización de expedientes con términos prescriptivos inminentes. La Procuraduría Judicial Penal de Bogotá apoyó la petición de tutela, pero reconoció que la complejidad del caso no justificaba la demora prolongada.

Consideraciones centrales de la sentencia

La Corte Suprema destacó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional para proteger derechos fundamentales frente a actuaciones u omisiones de autoridades públicas, cuando no existen otros medios judiciales efectivos. En materia de mora judicial, la jurisprudencia señala que sólo procede cuando la demora es injustificada, es decir, cuando no existe...