Contexto y tribunal competente

La providencia judicial fue emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su función de Sala de Decisión de Acciones de Tutela, como instancia superior a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que había proferido la decisión inicial. La acción constitucional de tutela se promovió contra la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar y la Fiscalía Sesenta y Cinco Seccional de Cartagena, con el fin de proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados por mora judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con una denuncia presentada en 2016 por presunto fraude procesal. La Fiscalía a cargo no formuló imputación ni resolvió de fondo la investigación en un plazo razonable, superando ampliamente los dos años máximos establecidos por el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. La parte afectada solicitó, mediante tutela, que se ordenara a la Fiscalía decidir sobre la imputación y que la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar se abstuviera de reasignar la investigación para evitar dilaciones adicionales. El Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia del 18 de marzo de 2026, amparó los derechos constitucionales y estableció un plazo de tres meses para que la Fiscalía adoptara una decisión definitiva, reconociendo la carga laboral del despacho fiscal pero señalando la falta de justificación suficiente para la demora. Sin embargo, negó la solicitud relacionada con la reasignación del caso por parte de la Dirección Seccional. Inconforme con esta decisión, el apoderado judicial impugnó el fallo, argumentando que la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar tenía responsabilidad en la mora por la cadena...