El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido una resolución que modifica el inciso primero del artículo 7 de la Resolución 261 de 2018, la cual define la metodología para la identificación general de la frontera agrícola nacional. Esta actualización incorpora un enfoque integral basado en los derechos de las comunidades campesinas, pueblos étnicos y la naturaleza, alineándose con la visión constitucional vigente y las políticas públicas sectoriales.

Contexto y fundamentos legales

La resolución se sustenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, incluyendo los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, que reconocen el campesinado como sujeto de derechos y garantizan el derecho humano a la alimentación adecuada con un enfoque intercultural y territorial. Asimismo, se fundamenta en la Ley 1776 de 2016, que delega al Ministerio de Agricultura la definición de la frontera agrícola, y en el CONPES 4184 de 2026, que establece la política de reforma agraria con énfasis en el ordenamiento productivo del suelo rural y la sostenibilidad.

Principales cambios y alcance

La actualización adopta la metodología denominada “Metodología para la identificación General de la Frontera Agrícola en Colombia, Escala 1:100.000, actualización con enfoque de derechos, de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA 2026”. Este documento, que forma parte integral de la resolución, permitirá identificar la frontera agrícola nacional con criterios que priorizan la protección de las actividades agroalimentarias y los derechos del campesinado, sin limitarse a las restricciones legales ya existentes sobre el uso del suelo. Además, la resolución reafirma que la frontera agrícola nacional es un instrumento de referencia para la planificación y ordenamiento agropecuario, sin constituir una restricción que afecte derechos de dominio o decisiones económicas a nivel predial.

Vigencia y aplicación

La resolución entra en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, modificando únicamente el primer inciso del artículo 7 de la Resolución 261 de 2018, mientras que el resto de la norma permanece sin cambios. Con esta actualización, el Ministerio fortalece la gestión del territorio rural promoviendo un enfoque de derechos, participación ciudadana y justicia ambiental, en línea con compromisos nacionales e internacionales como el Acuerdo de Escazú. Esto facilitará una mejor articulación institucional y una planificación rural que equilibre la protección ambiental con el desarrollo sostenible del sector agropecuario, asegurando así un futuro más justo y sostenible para las comunidades rurales y el país en general.