El Ministerio de Educación nacional expidió una resolución que establece directrices claras para que las instituciones de educación superior (IES) y de educación para el trabajo y el desarrollo humano (IETDH), tanto públicas como privadas, implementen políticas y protocolos efectivos para prevenir, detectar, atender y sancionar el acoso sexual y otras violencias basadas en género. Esta medida deroga la resolución 014466 de 2022, respondiendo a la necesidad de un marco normativo más robusto ante vacíos identificados en la normativa anterior.

Ámbito de aplicación y definiciones clave

La resolución es de obligatorio cumplimiento para todas las IES y IETDH en territorio nacional y se aplica a estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas, proveedores, visitantes y representantes de órganos de gobierno institucional. Su alcance incluye hechos ocurridos dentro y fuera de las instalaciones físicas, así como en entornos virtuales y actividades relacionadas con la vida académica y laboral. Se definen conceptos esenciales como violencias basadas en género, acoso sexual, violencia institucional, violencia simbólica, violencia digital, entre otros, con un enfoque integral que incluye la protección de sectores sociales LGBTIQ+, personas trans, no binarias y con identidades de género diversas. Además, se incorporan enfoques de género, derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva étnica para garantizar una atención diferenciada y sensible a contextos específicos.

Componentes de las políticas institucionales

Las políticas y protocolos deberán contar con cinco ejes fundamentales: 1. Componente estratégico y conceptual: Plan de trabajo con diagnóstico participativo, objetivos, metas e indicadores, y definición de responsables para su ejecución y evaluación. 2. Prevención: Estrategias pedagógicas, formación continua y socialización para toda la comunidad educativa, además de la identificación constante de riesgos...