Contexto y alcance del proyecto de decreto

El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Educación Nacional, buscaría reglamentar la Ley 2156 de 2021, que crea una exención legal para el pago de las tarifas del examen de Estado de la Educación Media Saber 11 a las víctimas de la violencia. Esta iniciativa se enmarcaría en la modificación y adición de la Subsección 5 a la Sección 8, Capítulo 3, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, también conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. La norma se publicaría para garantizar el cumplimiento de la Ley 2156 y establecer procedimientos claros para su aplicación.

Propósito y grupos beneficiarios

El propósito principal del proyecto sería reglamentar la operación de la exención del pago de la tarifa del examen Saber 11 a favor de las víctimas de la violencia, otorgando este beneficio por una única vez. La exención se aplicaría a personas menores de 21 años que estén registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y que pertenezcan a los grupos A, B y C del Sisbén IV o a su instrumento sustituto, es decir, a población en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Este beneficio buscaría facilitar el acceso a la educación superior de este grupo poblacional.

Modificaciones y disposiciones específicas del proyecto

El proyecto plantearía la incorporación de una subsección específica que definiría términos clave como "exención legal", "persona potencialmente beneficiaria" y "persona beneficiaria", además de establecer los criterios para la inscripción y registro en el examen Saber 11. También contemplaría la definición de la responsabilidad institucional respecto a la entrega y manejo de la información necesaria para identificar a los beneficiarios. Entre las disposiciones se incluirían:

• La obligación del Ministerio de Educación Nacional de poner a disposición la información del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) para identificar a los estudiantes en grado 11.
• El Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregaría la información socioeconómica actualizada del Sisbén IV o su equivalente para focalizar a la población objetivo.
• La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) organizaría y pondría a disposición del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) la base de datos de los potenciales beneficiarios.
• El ICFES validaría que cada beneficiario no haya sido favorecido anteriormente con la exención y realizaría la inscripción al examen en la plataforma tecnológica correspondiente.

Responsabilidades institucionales y manejo de información

El proyecto establecería las funciones específicas de cada entidad involucrada:

Entidad	Responsabilidades
Ministerio de Educación Nacional	Proveer información de los estudiantes matriculados en grado 11 a la UARIV, garantizar la calidad y oportunidad de los datos, gestionar recursos presupuestales para la implementación y transferir recursos al ICFES.
Departamento Nacional de Planeación (DNP)	Entregar información actualizada del Sisbén IV o instrumento equivalente a la UARIV, asegurando la veracidad y calidad de los datos.
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)	Organizar la base de datos de potenciales beneficiarios y facilitarla al ICFES en fechas establecidas, garantizando la integridad de la información.
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)	Administrar la plataforma de inscripción al examen Saber 11, validar los beneficiarios que no hayan recibido la exención previamente, y reportar al Ministerio de Educación Nacional los datos de beneficiarios y costos asociados.

Participación ciudadana y proceso de socialización

El proyecto de decreto habría sido publicado y socializado en varios periodos para recibir observaciones de la ciudadanía, en cumplimiento con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los períodos señalados para la participación ciudadana serían entre el 1 y el 17 de julio de 2022, del 11 al 16 de diciembre de 2024, del 10 al 15 de julio de 2025 y del 18 al 21 de diciembre de 2025. De esta manera, se buscaría garantizar la transparencia y la inclusión en la elaboración final de la norma. --- Este proyecto de decreto, en caso de ser aprobado, podría facilitar el acceso a la educación superior de las víctimas de la violencia, a través de la exención del pago del examen Saber 11, mediante un procedimiento coordinado entre varias entidades públicas y con mecanismos claros para la inscripción y manejo de la información. Así, se espera contribuir a la inclusión social y educativa de un grupo históricamente vulnerable, promoviendo igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo del derecho a la educación.