Contexto y referencia normativa
El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Salud y Protección Social, buscaría modificar y complementar el Decreto 780 de 2016, que compila el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Esta actualización respondería a la necesidad de incorporar los avances normativos y técnicos del sector, así como las transformaciones del modelo de atención y la organización territorial de los servicios de salud.
La propuesta tendría en cuenta diversas disposiciones legales, entre ellas la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 de 2011, la Ley 1949 de 2019, la Ley 2015 de 2020, y los decretos y resoluciones posteriores que regulan la calidad y la garantía en la atención en salud, la humanización, la seguridad del paciente y la incorporación de tecnologías de la información.
Tema y propósito principal del proyecto
El proyecto de decreto establecería un marco regulatorio actualizado para el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGCS), orientado a generar, mantener y mejorar la calidad de la atención en salud en el país. Su objetivo principal sería fortalecer la articulación de los componentes del sistema, promover la mejora continua de la calidad y los resultados en salud, y garantizar la pertinencia cultural y territorial en la prestación de servicios.
Se dirigiría a múltiples actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo prestadores de servicios de salud, entidades promotoras de salud (EPS) o sus equivalentes, empresas de medicina prepagada, secretarías de salud en sus diferentes niveles, gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud.
Cambios y disposiciones relevantes
El proyecto sustituiría el título 1 de la parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 e introduciría una estructura basada en componentes y ejes transversales para la garantía de calidad, tales como:
- Habilitación: Establecería condiciones técnico-administrativas, tecnológicas, científicas y financieras para los actores del sistema, con un enfoque de gestión del riesgo y criterios diferenciales territoriales, sin flexibilizar los estándares mínimos.
- Gestión Integral de Mejoramiento de la Calidad en Salud: Obligarían a los actores a desarrollar auditorías internas y programas de mejoramiento continuo, incorporando ejes transversales y niveles de madurez institucional.
- Acreditación y Excelencia en Salud: Regularía un proceso voluntario y progresivo para demostrar niveles superiores de desempeño, bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Protección Social y con la participación de entidades acreditadoras que cumplan requisitos internacionales.
- Gestión de la Información y Desempeño: Promovería la recolección, análisis, divulgación y uso estratégico de la información sobre calidad y resultados en salud, con principios de sencillez, validez y participación.
Además, se incorporarían ejes transversales orientados a gobernanza, desarrollo de capacidades, gestión del riesgo y cultura de seguridad del paciente, investigación e innovación, y participación social y experiencia del usuario.
Medidas específicas y responsabilidades
El proyecto dispondría que las secretarías de salud en sus diferentes niveles, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud asumirían roles claros en la reglamentación, supervisión, asistencia técnica y control del SOGCS.
Se establecerían mecanismos de inspección, vigilancia y control basados en riesgos, desempeño y mejora continua, con aplicación de medidas sanitarias y sancionatorias en caso de incumplimiento.
Asimismo, se promoverían esquemas de incentivos financieros y no financieros para reconocer el desempeño en calidad y resultados en salud, sin modificar las condiciones mínimas obligatorias ni generar barreras de acceso.
Los actores del sistema tendrían la responsabilidad de contar con instrumentos institucionales como diagnósticos de madurez, planes de mejoramiento, mecanismos de seguimiento y autoevaluación.
Participación de actores clave y acceso al proyecto
El Ministerio de Salud y Protección Social lideraría la implementación, actualización y evaluación del sistema, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías de salud territoriales.
El proyecto también contemplaría la inclusión de modelos de calidad existentes y la articulación con sistemas propios como el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), respetando su autonomía normativa.
En cuanto a la participación ciudadana, se esperaría que el Ministerio de Salud y Protección Social publicara el texto completo del proyecto y habilitara canales para recibir comentarios y sugerencias durante un periodo determinado, conforme a los procedimientos establecidos para la elaboración de normatividad.
Este proyecto de decreto representaría un esfuerzo para fortalecer la calidad, seguridad y pertinencia en la atención en salud en Colombia, promoviendo una gestión basada en evidencia, resultados y participación social. Aunque aún no estaría vigente, deberá pasar por los trámites legales correspondientes para su aprobación definitiva, lo que permitirá consolidar un sistema de salud más eficiente, inclusivo y adecuado a las necesidades de la población en el país.
