Antecedentes y contexto de la sentencia SU-328 de 2025

El caso se originó a partir de una solicitud de información presentada en febrero de 2024, en ejercicio del derecho de petición, dirigida a la Corte Suprema de Justicia. Se requirió acceso a las hojas de vida con sus soportes, declaraciones de renta, bienes y conflictos de interés de los magistrados de la Sala Plena. Tras la ausencia de respuesta oportuna, se interpuso una acción de tutela argumentando la vulneración de derechos fundamentales como el derecho de petición, acceso a la información y libertad de expresión. La Corte Suprema de Justicia respondió alegando reserva sobre ciertos documentos amparados por la ley, y señaló que algunas declaraciones estaban disponibles en plataformas oficiales. Sin embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-328 de 2025, determinó que la negativa no estaba debidamente justificada y que el acceso a esta información es fundamental para la transparencia y prevención de la corrupción. Además, ordenó la entrega de la información solicitada y llamó a las Altas Cortes y órganos responsables a garantizar la publicación efectiva de datos relevantes.

Solicitud de aclaración y decisión de la Corte Constitucional

Posteriormente, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia solicitó aclarar si las órdenes contenidas en la sentencia implicaban una gestión adicional para la publicación de información en los aplicativos oficiales. Esta solicitud se presentó fuera del término legalmente establecido para solicitar aclaraciones, que es de tres días después de la notificación de la sentencia. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia, recordó que las solicitudes de aclaración son excepcionales...