Contexto y antecedentes del caso

En junio de 2025 se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra una parte del artículo 59 de la Ley 270 de 1996, alegando vulneración de derechos constitucionales y tratados internacionales en materia de garantías judiciales. La demanda cuestionaba la concentración de funciones de formulación de cargos e imposición de sanciones en un mismo juez, argumentando que esto podría afectar el derecho al debido proceso conforme a estándares internacionales. El auto inicial que rechazó la demanda se basó en el control previo y automático que esta corporación había realizado sobre la norma en una sentencia de 1996, declarando exequible el artículo en cuestión. Además, se consideró que no hubo un cambio en el parámetro de control que justificara un nuevo pronunciamiento y que los argumentos presentados no demostraban un debilitamiento de la cosa juzgada. Posteriormente, se interpuso un recurso de súplica contra dicho auto, el cual también fue rechazado por la sala plena. La corte estableció que el recurso debía estar dirigido a controvertir los argumentos del auto de rechazo y no a reiterar o modificar los planteamientos iniciales, exigiendo una carga argumentativa mínima para su procedencia.

Solicitud de nulidad y análisis de la corte

Contra la decisión que negó el recurso de súplica se presentó una solicitud de nulidad, alegando irregularidades en la motivación del auto y violaciones al debido proceso, incluyendo discrepancias en la suspensión y reanudación de términos procesales relacionadas con impedimentos y recusaciones dentro del proceso. La sala plena, en ejercicio de su competencia, recordó que la nulidad en procesos ante esta corporación solo puede alegarse antes de...