Antecedentes del caso

La sentencia SU-275 de 2025 revisó un fallo del Consejo de Estado que declaró improcedentes las tutelas promovidas contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Estas tutelas buscaban proteger el derecho al debido proceso en el contexto de un conflicto de competencia entre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral (CNE). El conflicto giraba en torno a la competencia para investigar posibles irregularidades en la financiación de campañas presidenciales y de consulta interpartidista que involucraban al Presidente de la República electo. La Corte Constitucional concluyó que el CNE carecía de competencia para investigar y sancionar directamente al Presidente de la República, dado el fuero constitucional especial que otorga al Congreso la facultad para adelantar dichas actuaciones sancionatorias en su contra. En consecuencia, se declaró que la Cámara de Representantes es competente para investigar al Presidente, mientras que el CNE mantiene competencia para investigar a las campañas, partidos y demás miembros, excepto al candidato que resultó elegido.

Solicitud de nulidad y argumentos

La presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado presentó una solicitud de nulidad contra la sentencia SU-275, alegando violaciones al debido proceso por incongruencia entre la parte motivadora y resolutiva, omisión de análisis de aspectos constitucionales relevantes y desconocimiento de precedente constitucional. Entre sus argumentos destacó que la sentencia presentaba una contradicción lógica al admitir que el CNE podía investigar aspectos relacionados con el Presidente, pero al mismo tiempo excluirlo como sujeto pasivo de la investigación. También sostuvo que se omitió...