Antecedentes y contenido de la demanda

La acción de inconstitucionalidad fue presentada contra el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, que establece un régimen sancionatorio para conductores con diferentes grados de alcoholemia, con multas y suspensión o cancelación de la licencia de conducción según la reincidencia y concentración de alcohol en sangre. El demandante alegó que estas sanciones violan los principios constitucionales de proporcionalidad, igualdad, derecho al trabajo, mínimo vital y prohibición de sanciones confiscatorias, pues las multas no se ajustan a la capacidad económica del infractor y pueden generar graves impactos financieros y sociales.

Decisión de rechazo y fundamentos

El magistrado sustanciador inadmitió la demanda argumentando que el accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para diferenciar los cargos presentados de aquellos ya examinados en jurisprudencia previa. Además, se señaló la falta de análisis detallado y específico sobre cada sanción, la ausencia de un test de proporcionalidad estructurado y la imprecisión en la identificación del objeto normativo cuestionado. También se advirtió que los reclamos se basaron en efectos externos a la norma, como cobro coactivo o reportes en centrales de riesgo, lo que excede el alcance del control constitucional directo sobre la disposición sancionatoria.

Recurso de súplica y análisis de la Sala Plena

El recurrente presentó recurso de súplica alegando que se aplicó un exceso de rigor formal y que sí se cumplió con la carga argumentativa para generar duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, la Sala Plena concluyó que no se cumplió con esta carga pues no se identificó ni demostró un yerro, arbitrariedad u...