Contexto y origen del conflicto

Un defensor técnico dentro de un proceso penal contra miembros de la Fuerza Pública interpuso una acción de tutela para proteger derechos fundamentales como el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa. La tutela fue promovida contra una funcionaria de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como contra un fiscal especializado. El accionante alegó que, durante el proceso penal, se promovieron señalamientos sobre “filtraciones indebidas” y vulneración de la reserva, que afectaron la presunción de inocencia y el buen nombre de los procesados y de la defensa técnica, sin que existieran pruebas que sustentaran tales afirmaciones. Además, señaló que se iniciaron actuaciones disciplinarias en su contra, las cuales fueron archivadas por falta de pruebas.

Conflicto de competencia entre autoridades judiciales

El Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá declaró inicialmente su falta de competencia para conocer la tutela y remitió el expediente al Consejo de Estado. A su vez, el Consejo de Estado también se declaró incompetente y envió el caso a la Corte Suprema de Justicia, que a su vez devolvió el expediente al Consejo de Estado, argumentando que la tutela no estaba dirigida contra esa corporación sino contra la Consejería Presidencial. Posteriormente, el Consejo de Estado remitió el expediente nuevamente a los juzgados de circuito de Bogotá, y el Juzgado Civil del Circuito se abstuvo de conocer la acción, devolviendo el expediente al Juzgado Penal del Circuito, que finalmente propuso conflicto negativo de competencia y solicitó a la Corte Constitucional...